El delito de Fraude a la Seguridad Social (Parte I)

Desde el Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, y a través de una serie de sencillas preguntas y respuestas trataremos de conocer qué es la Seguridad Social, cuáles son sus funciones y cuáles son las consecuencias de defraudar el pago de las cuotas de cotización.

1.- ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD SOCIAL?

 Si bien se trata de una estructura compleja, por cuanto son numerosos sus cometidos, podemos decir que la Seguridad Social se constituye como un Organismo, de carácter público y estatal, que la Organización Internacional del Trabajo define como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.”

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2.- ¿CUÁNDO NACE LA SEGURIDAD SOCIAL?

En España, aunque podamos tener la idea de que las políticas sociales son cosa del Siglo XX, ya encontramos en 1883 una “Comisión de Reformas Sociales”, que se encargó del estudio de medidas que sirviesen para la mejora y el bienestar de una incipiente clase obrera, en los inicios de la Revolución industrial.

En 1900 se creó el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, que venía a dar cobertura a los trabajadores que sufrían accidentes invalidantes en el desempeño de su actividad profesional.

En 1908 nace el “Instituto Nacional de Previsión”, antecesor de lo que hoy conocemos como Dirección General de la Seguridad Social, en el que, en forma de “caja o hucha” se integran los seguros sociales que van surgiendo.

A lo largo del Siglo XX, van mejorando los mecanismos de protección de los trabajadores, implementándose seguros de maternidad, seguros de paro forzoso, seguros de enfermedad y seguros de vejez e invalidez, que se convierten en obligatorios.

3.- ¿SERÍA POSIBLE QUE DESAPARECIERA EL SISTMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA DAR PASO A UN SISTEMA PRIVADO EN EXCLUSIVA?

 A día de hoy el sistema público de pensiones y asistencial está garantizado por el contenido del artículo 41 de la Constitución Española de 1978, según el cual los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

4.- ¿QUIÉN Y CÓMO SE PAGA EL FONDO DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

 Todos los trabajadores, ya sea por cuenta propia o ajena, a través del sistema de cotizaciones, por medio del cual un porcentaje del salario se transfiere a la Seguridad Social.

Es decir, que “con las cantidades entregadas por los cotizantes de hoy, se pagan las pensiones de los que trabajaron ayer”, convirtiéndose, de este modo, en una especie de sistema piramidal.

5.- ¿OFRECE PROBLEMAS ESTE SISTEMA?

 Sin duda.

La configuración del sistema de pensiones, prestaciones y subsidios, cada vez más garantista y más enfocado a la consecución de un Estado social y del bienestar, exige muchos recursos en situaciones de crisis económica o en sociedades con focos crónicos de marginalidad.

El actual sistema existente en España (no así en otros países de nuestro entorno), fue pensado para una sociedad en la que el número de cotizantes fuera netamente superior al número de beneficiarios de las pensiones, prestaciones o subsidios. Es decir, que el número de trabajadores superase al número de pensionistas.

El “baby boom” de los años 60 y 70, junto con la merma de población anciana que provocó la Guerra Civil y la posguerra, ha permitido que durante las últimas décadas el sistema de pensiones sea viable.

Sin embargo, desde finales de los años 80 España sufre una grave crisis demográfica, que ha reducido hasta límites preocupantes el nivel de nacimientos. Ello unido a la sucesión de graves crisis económicas y las altas tasas de paro, puede poner en serio riesgo la pervivencia de este sistema, así como las pensiones de los futuros jubilados.

Por eso cada empresario, cada profesional y cada trabajador tienen que ser conscientes de la importancia de seguir cumpliendo de manera escrupulosa con el sistema de cotizaciones, así como los Poderes públicos favorecer la existencia de un tejido empresarial que reduzca las tasas de paro, con un nivel de salarios que permitan que esa hucha permanezca sin riesgos de desabastecimiento.

6.- ¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI TRABAJAMOS O SOMOS EMPRESARIOS Y NO PAGAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL?

En el “mejor” de los casos, la propia Seguridad Social dispone de mecanismos para embargar y ejecutar los bienes de los obligados al pago que no hayan cumplido con sus obligaciones.

Sin embargo, tal y como señalábamos, el serio riesgo de pervivencia del sistema provocó que el legislador incluyese en el Código Penal, a través de su artículo 307, un delito autónomo, el de “defraudación a la Seguridad Social”, para dotar de más severidad la respuesta de la Administración Pública ante un comportamiento que puede conllevar graves consecuencias.

Por su complejidad e importancia, hablaremos del delito de defraudación a la Seguridad Social en siguientes ocasiones.

Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en fraudes a la Seguridad Social, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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G. Varela Abogados defiende a cientos de afectados por el cierre la agencia de viajes “Tu Tiempo Libre”

La noticia saltó en el mes de agosto; cientos de viajeros vieron truncadas sus ilusiones de viajar.

Viajes de novios, viajes de estudios, obligaciones laborales, vacaciones… la agencia de viajes asturiana “Tu Tiempo Libre” comunicó el día 10 de agosto su cese de actividades, dejando en tierra a un gran número de afectados.

Los abogados del Despacho madrileño G. Varela Abogados han elegidos por 118 de ellos para ejercer la acusación contra los Administradores de la agencia de viajes, por la comisión de varios delitos de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y administración deslal.

De esta noticia, por su especial calado, se han hecho eco los medios.

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201510/15/afectados-supuesta-estafa-tiempolibre-20151015001610-v.html

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/11/03/hay_afectados_que_todavia_han_enterado_que_podran_viajar_605685_300.html

http://www.lne.es/centro/2015/10/15/administrador-agencia-siero-usaba-reservas/1827140.html

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Mesa redonda sobre tasas judiciales en el ICAM

El pasado jueves 31 de octubre, tuvo lugar la celebración en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, una mesa redonda sobre las tasas judiciales y G. Varela Abogados estuvo allí.

Animamos a todos los lectores a seguir con atención la retransmisión completa.

Confiamos en que en un futuro inmediato las abusivas tasas judiciales impuestas desde el pasado mes de noviembre de 2012 se conviertan solo en un mal recuerdo y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos no siga viendo cercenado.

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El “virus Policía”

G. Varela Abogados

Desde nuestro Despacho de abogados penalistas en Madrid, hemos notado cómo durante las últimas semanas ha subido de manera alarmante el número de cuestiones y comunicaciones por parte de nuestros clientes y lectores relacionadas con el famoso “virus Policía”.

Los síntomas más comunes de ese “virus”, con múltiples modificaciones y cada vez más sofisticado, se hacen patentes cuando el internauta ve aparecer en su pantalla una impresión en la que el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Brigada de Investigación Tecnológica, o cualquier otro Departamento, informa acerca de la comisión de algún tipo de actividad ilícita, relacionada, en la mayoría de las ocasiones con la visita a páginas de contenido pornográfico ilegal o la descarga de películas vulnerando la propiedad intelectual, pero sin especificar al detalle el comportamiento exacto.

Sirvan como ejemplo las siguientes impresiones o comunicaciones:

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Como podemos observar, en dicha comunicación, tal y como señalábamos, se nos informa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, acerca de la comisión de un presunto comportamiento ilícito que trae como consecuencia el bloqueo de nuestro terminal informático.

Observamos igualmente cómo se nos requiere, a los efectos de poder desbloquear el ordenador, el abono de una “multa” o “sanción” a través de Paypal y cualquier otro medio informático.

Pues bien, a estos efectos debemos señalar que:

1.- SE TRATA DE UNA ESTAFA, que nunca o casi nunca es denunciada por los usuarios que se ven afectados, debido a que, como indicábamos, la comunicación nos acusa de comportamientos que, en mayor o menor medida, casi todos los usuarios han cometido.

2.- El Cuerpo Nacional de Policía o cualquier otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, JAMÁS se comunicará con nosotros de esa manera. Evidentemente, si a través de nuestro ordenador nos encontramos cometiendo un delito de naturaleza telemática, sea éste el que sea, la Policía no nos daría la oportunidad de huir y deshacernos de las pruebas mediante la destrucción del terminal.

3.- El Cuerpo Nacional de Policía o cualquier otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado JAMÁS solicitará el abono de una multa o sanción de manera directa a través de internet. Los procedimientos sancionadores en España, ya sean penales o administrativos, tienen previstos una serie de trámites que son de obligado cumplimiento por parte de la Administración. Desde nuestro Despacho de abogados en Madrid sabremos asesorarle convenientemente.

4.- La “inoculación” del “virus Policía” tiene lugar en la mayoría de las ocasiones a través de la recepción de correos electrónicos masivos, generalmente con contenido pornográfico, que inyecta un troyano en nuestro ordenador, lo que supone que, de manera automática, de manera remota se pueda controlar nuestro terminal.

Se sabe igualmente de casos en los que el “virus Policía” ha infectado ordenadores por la visita a determinadas páginas web.

5.- En caso de estar infectado por el “virus Policía”, recomendamos que se acuda a la asistencia técnica de un informático, ya que su erradicación resulta complicada.

Recientemente, hemos recibido la visita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid de clientes que han recibido la comunicación a través de distintos chats de acceso público, en los que nuevamente alguien que decía formar parte del Cuerpo Nacional de Policía solicitaba el abono de una multa o sanción. En este caso, y sin necesidad de inocular un virus en nuestro terminal, se trata nuevamente de una estafa.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en delitos telemáticos, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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El tratamiento penitenciario: LOS GRADOS

G. Varela Abogados

“he sido condenado a dos años de prisión y quiero saber cuánto tiempo cumpliré mi condena dentro del Centro Penitenciario”; “me ha llamado mi marido para decirme que le han clasificado en tercer grado penitenciario, ¿qué significa eso?”

Una semana más, G. Varela Abogados visita los estudios de Libertad FM, con la intención de hacer comprensibles las miles de normas aplicables a nuestra vida diaria. Porque todos somos Derecho.

A mediados del mes de septiembre, el Director del Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano Gutiérrez, acudió al programa radiofónico “El Mañanero”, para hablar con periodistas y locutores de “EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO“.

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RADIO

El artículo 25.2 de la Constitución Española, englobado en el importante capítulo de los Derechos Fundamentales, con sus apenas cuatro frases, supone la piedra filosofal de la legislación penitenciaria en España. El sistema de Derechos y garantías del que nos dotamos todos los españoles en el año 1978 garantiza la consecución de los distintos fines de las penas de prisión, entre las que destacan la reeducación y la reinserción.

Así, dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los Derechos Fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el Fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

Como vemos, es la REEDUCACIÓN y RESOCIALIZACIÓN DEL PRESO la función principal que ha de perseguir el cumplimiento de una pena de prisión, más allá del elemento retributivo o de castigo, si bien éste también ha de estar presente.

Para ello, cada preso ha de verse sometido, durante el cumplimiento de la pena a un seguimiento individualizado en lo relativo a su evolución personal. Esto es lo que se conoce como TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Para ello, y en orden a que el tratamiento penitenciario sea efectivo,  el preso será CLASIFICADO en primer, segundo o tercer grado, en función de la naturaleza del delito cometido, así como con sus circunstancias personales, familiares y sociales. Nos enfrentamos pues a la CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA.

Sin embargo, la Ley Penitenciaria y el Reglamento Pentienciario disponen que la clasificación no debe ser definitiva e inamovible a lo largo del cumplimiento de la condena, quedando la modificación de grado al albor del comportamiento del reo y su evolución en el interior del Centro Penitenciario.

Tal y como prevén la Ley General Pentienciaria y el Reglamento Penitenciario, normas de aplicación a los efectos de regular la vida en el interior de una prisión, los distintos grados penitenciarios son los siguientes:

PRIMER GRADO o RÉGIMEN CERRADO: Se asigna este régimen penitenciario únicamente en los casos de peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta al régimen ordinario.

Existen dos modalidades dentro de este régimen de vida:

  • Centros o módulos de régimen cerrado: para penados que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes.
  • Departamentos especiales: para internos protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, en las que se evidencie una peligrosidad extrema.

SEGUNDO GRADO o RÉGIMEN ORDINARIO: Son clasificados en segundo grado los penados en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia en el interior del Centro Penitenciario, pero que a criterio de la Junta de Tratamiento Penitenciario no se encuentran capacitados para desarrollar su vida en libertad o semilibertad.

TERCER GRADO: El tercer grado se aplica a los internos, por sus circunstancias personales y penitenciarias, así como por la naturelaza del delito cometido, se encuentren capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

La clasificación en tercer grado penitenciario supone la posiblidad de que el reo se incorpore, poco a poco a la vida en libertad, pudiendo abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes, desde la mañana hasta última hora de la tarde, pudiendo así optar, por ejemplo, a desarrollar un puesto de trabajo.

Ello supone que el reo únicamente deberá permanecer en el Centro Penitenciario, mientras esté clasificado en tercer grado, por las noches y durante los fines de semana.

Desde el año 2003, es requisito indispensable, para acceder a la clasificación de tercer grado penitenciario, haber satisfecho las responsabilidades civiles nacidas del delito, esto es, haber abonado las indemnizaciones a las que el reo haya sido condenado con motivo de la comisión del ilícito penal.

La Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario permiten la CLASIFICACIÓN INICIAL EN TERCER GRADO PENITENCIARIO, siempre que las condiciones personales, familiares y sociales del condenado, así como la naturaleza del delito cometido, aconsejen la vida en semilibertad.

Resulta imprescindible poner en conocimiento de nuestros lectores que el grado en el que un interno es clasificado de inicio, debe ser revisado por la Junta de Tratamiento de cada prisión, como máximo cada 6 meses, y en el caso del primer grado, cada 3 meses.

– Por último, nos encontramos con la LIBERTAD CONDICIONAL.

La clasificación penitenciaria en libertad condicional supone que el reo cumplirá su condena en régimen de libertad, siempre y cuando no delinca durante el tiempo que dure la condena. Resultan requisitos de imprescindible cumplimiento para la obtención de la libertad condicional:

  • Encontrarse en tercer grado penitenciario
  • Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena (o las dos terceras partes, si además se cumplen los requisitos del art. 91.2).
  • Haber observado buena conducta
  • Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social

Animamos, una vez más, a nuestros lectores a escuchar la intervención radiofónica completa, en la que, con un lenguaje sencillo y cercano, todos aprenderemos cuáles son los fines de una condena y qué es el tratamiento penitenciario.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en esta materia, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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La Incapacitación en los Juzgados de Madrid

G. Varela Abogados

“mi madre está enferma de alzheimer y no sabemos qué hacer los hermanos para evitar que la engañen”; “tengo un hijo con una discapacidad psíquica profunda que acaba de heredar una vivienda de una tía mía, ¿podemos venderla?”

Como cada semana, G. Varela Abogados vuelve a la radio, en la pretensión de hacer llegar el mundo del Derecho a todos los ciudadanos.

En esta ocasión, el Director del Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano Gutiérrez, acude al programa radiofónico “El Mañanero”, de Libertad FM para explicar “LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL“. ¿qué es? ¿cómo se consigue? ¿cuáles son sus consecuencias?

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RADIOPara conocer qué es un incapaz y cómo obtener una incapacitación judicial, hemos de conocer la diferencia entre CAPACIDAD JURÍDICA y CAPACIDAD DE OBRAR.

La capacidad jurídica es aquella cualidad de ser sujeto titular de derechos y obligaciones, que se reza respecto de cualquier ser humano nacido del seno materno y con más de veinticuatro horas de vida.

Es decir, cualquier persona, por el mero hecho de haber nacido y haber sobrevidido más de veinticuatro horas desde el nacimiento tiene capacidad jurídica.

Por su parte, la capacidad de obrar es la posiblidad que nos conceden las leyes para poder celebrar negocios jurídicos.

Si bien todos los seres humanos, por el mero hecho de la existencia anteriormente comentada, disponemos de capacidad jurídica, no ocurre lo mismo con la capacidad de obrar.

Únicamente tiene capacidad de obrar toda persona mayor de edad no incapacitada judicialmente.

La incapacitación es el proceso judicial por el que el Ministerio Fiscal o cualquier persona con interés directo y legítimo puede solicitar que por parte de un Juzgado se prive a una persona de su capacidad de obrar, como consecuencia del padecimiento de dolencias de naturaleza física, psicológica o psíquica que supongan la imposibilidad de regir sus bienes y su persona sin la asistencia de otros.

Los letrados de G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid, podrán asesorarle si usted tiene algún familiar que deba ser declarado incapaz o pródigo y su patrimonio protegido. Porque el bienestar de sus seres queridos es su tranquilidad.

Tal y como nos indican las normas jurídicas de aplicación, la declaración de incapacitación puede ser total o parcial, en función del grado de afectación del incapaz.

Cuando la incapacitación es total, resulta necesario el nombramiento de un tutor para que administre y vele sobre la persona y el patrimonio del declarado incapaz, debiendo rendir cuentas ante el Juzgado al menos una vez al año mientras viva el tutelado.

En el supuesto de que el grado de afectación de la dolencia no sea extremo y exista la posibilidad de declarar la incapacidad como parcial, esto es, cuando el declarado incapaz pueda gobernarse por sí mismo, excepto para determinados negocios jurídicos, el Juzgado nombrará un curador, el cual deberá cuidar en igual medida para que en los actos de disposición patrimonial del incapaz se respeten y se observen todos los imperativos legales.

¿y cómo puede llegar una persona a ser declarada incapaz? Cobra especial importancia, en estos casos, el informe realizado por el equipo psicosocial y el médico forense adscritos al Juzgado. Estos profesionales, que adquieren el carácter de peritos en los procedimientos judiciales de incapacitación, se han de valer principalmente de toda la documentación médica y técnica aportada al procedimiento por el demandante, así como a través de la entrevista directa con el presunto incapaz.

No obstante, dicho informe no vincula al cien por cien al Juez, quien tomará declaración a demandante, testigos y presunto incapaz, a los efectos de valorar la pertinencia y / o necesidad de la declaración judicial de incapacidad y nombramiento de tutor o curador.

Animamos a nuestros lectores a escuchar la intervención radiofónica completa, en la que, con un lenguaje sencillo y cercano, todos aprenderemos qué es la incapacitación judicial y por qué se aplica.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en esta materia, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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¿Quién es quién en la Justicia?

G. Varela Abogados

Nuestro blog cumple UN AÑO en el día de hoy, y para celebrarlo, además de darle un nuevo emplazamiento directamente en nuestra web, emularemos a un conocido juego de mesa, descubriendo “Quién es quién en la Justicia”.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍ

RADIOEn muchas ocasiones, los usuarios de la Justicia se ven perdidos entre una gran maraña de personajes que pueblan la Administración de Justicia, sin saber bien a quién acudir y cuál es el cometido de cada uno de ellos. Grandes salas en las que decenas de personas se aferran a un ordenador, Salas de Vistas con estrados en los que, vestidos con toga, unos señores o señoras muy serios parecen discutir utilizando términos jurídicos incomprensibles.

 Y en medio de todo ese baile y entramado burocrático, el usuario, que naufraga aferrándose a una tabla en forma de abogado, quien en no pocas ocasiones es incapaz de transmitir a su cliente qué hace (o no hace) cada persona y cuál es el comportamiento adecuado en cada momento.

 Por ello, y para que todos nuestros lectores conozcan el “hormiguero” de la Administración de Justicia, pasaremos a explicar “quién es quién”:

 1.- Jueces y Magistrados: Regulados en los artículos 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados son los encargados de realizar la “función jurisdiccional”. ¿y qué significa “función jurisdiccional”?

 Utilizando un lenguaje coloquial, la función jurisdiccional consiste en IMPARTIR JUSTICIA, es decir, mediante la aplicación de las infinitas normas, resolver conflictos que les han sido planteados, ya sean estos de Derecho privado (civil y laboral) o de Derecho público (penal y contencioso administrativo).

 Cada Juez y Magistrado son INDEPENDIENTES en el ejercicio de sus funciones, sin más límites en sus decisiones que los marcados por el ordenamiento jurídico. Eso significa que, en la organización de su trabajo y el dictado de sus resoluciones, ningún Juez puede recibir órdenes de un “superior”, ya que funcionalmente esa superioridad es inexistente. “Un Juez, un Reino”.

 Funcionalmente, un Juez puede ser “de Instrucción”, estando encargado de la práctica de diligencias tendentes a la averiguación de determinados hechos, o ser un Juez “de juicios”, encargado de dictar Sentencias, tras la celebración de una vista o Juicio.

 2.- Secretarios Judiciales: La figura del Secretario Judicial es una de las grandes desconocidas por parte de los legos en Derecho y se regula en los artículos 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sus funciones más destacables, que se han ido ampliado a lo largo del tiempo con el fin de descargar de trabajo a los Jueces y Magistrados, son:

 – Fe pública procesal: En la práctica la fe pública procesal se traduce en el control del acta videográfica de las vistas y declaraciones. Hasta hace no poco tiempo, dichas actas eran recogidas en papel. No obstante, con la entrada de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha facilitado mucho la tarea de recoger de manera fiel todo lo que se dice en una Sala de Vistas. Asimismo, la fé pública procesal permite que el Secretario Judicial levante acta en una entrada y registro, en un lanzamiento por desahucio o en muchas otras ocasiones. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Secretario Judicial actúa como un Notario en cuantos actos procesales es requerido para ello.

 – Organización del proceso: toda actuación procesal, a no ser que se encuentre declarada como secreta, ha de ser notificada a las partes. Así, el señalamiento de un Juicio, la citación de un testigo, la designación de un perito o una gran infinidad de comunicaciones de carácter procesal, han de ser dictadas por el Secretario Judicial.

 En este sentido, el Secretario Judicial actúa como un “jefe de Administración” de cada Juzgado.

 – Control de la cuenta de consignaciones del Juzgado: Cuando hay ejecuciones dinerarias (embargos en cuenta, de nómina, etc), el dinero ejecutado pasa a una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado. A los efectos de entregar ese dinero al acreedor del mismo, el Secretario Judicial será el encargado de emitir un documento conocido como “mandamiento de devolución” que, a modo de cheque, podrá ser canjeado por dinero en un Banco.

 3.- Ministerio Fiscal: Previsto como uno de los órganos con relevancia constitucional, la figura del Ministerio Fiscal se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución Española, según el cual “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

 ¿y en qué se traduce todo eso?

 En la práctica, el Ministerio Fiscal se encarga de las siguientes funciones:

 – En la Jurisdicción Penal para mayores de edad, y hasta que sea modificada la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encarga, en la mayoría de las ocasiones, de la acusación en delitos públicos, con independencia de que exista o no acusación particular.

 – En la Jurisdicción Penal para menores de edad, el Ministerio Fiscal es el encargado de la instrucción de los expedientes de reforma, actuando a modo de Juez de Instrucción.

 – En la Jurisdicción Civil, el Ministerio Fiscal es el encargado de velar por los intereses de los menores o incapaces.

 Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores, el Ministerio Fiscal solicitará las medidas (pensión de alimentos, visitas, guarda y custodia, etc) que considere más beneficiosas para el desarrollo del menor.

 Asimismo, en procedimientos en los que se solicita la incapacitación de una persona, el Ministerio Fiscal velará por el cumplimiento de todos los requisitos así como por la comprobación de que la persona cuya incapacitación se pretende se encuentre realmente afectada en un grado tal que no pueda regir sus bienes y su persona.

 3.- Procurador de los Tribunales: Figura prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encuentra sus inicios en la Edad Media, cuando los Procuradores eran los encargados de llevar a caballo las notificaciones desde los Tribunales a las distintas ciudades en las que vivían los que ejercían la defensa.

En la práctica, el Procurador es la persona encargada de la REPRESENTACIÓN PROCESAL de la persona que se ve en la obligación a iniciar un procedimiento de naturaleza judicial o que ha sido llamada a él a través de denuncia, querella o demanda.

 ¿y qué conlleva esa representación procesal? La presentación de escritos en nombre del cliente, la notificación de resoluciones y escritos presentados de contrario, la entrega y cobranza de mandamientos de devolución, la realización de gestiones de todo tipo ante los Juzgados y Tribunales, la asistencia obligatoria a diligencias de lanzamiento por desahucio, la notificación a contrarios de todo tipo de escritos, etc.

 Podemos decir que el Procurador es el encargado de realizar todo tipo de tareas de carácter administrativo, mediando entre su cliente y los órganos de la Administración de Justicia.

 Para que un Procurador pueda llevar a cabo su tarea es preciso que el cliente otorgue lo que se conoce como “Poder General para Pleitos”, ya sea ante notario o “apud acta”, es decir, ante el Secretario Judicial.

 5.- Perito: Regulado en los artículos 335 y siguientes, el perito es aquella persona que posee especiales conocimientos de una materia y de la que se sirven el resto de operadores de la Justicia para comprender unos determinados hechos.

 Evidentemente, ni un Juez, ni un Fiscal, ni un abogado tienen conocimientos universales sobre todo tipo de materias. Sin embargo, como consecuencia de las controversias que se suscitan, pudiendo versar éstas sobre cualquier cosa (desde defectos constructivos, pasando por humedades, hasta artificios financieros de todo tipo), los Jueces y las partes tienen que acudir a la figura del perito, quien, al ser llamado, realizará un informe sobre aquellos aspectos para los que sea requerido, y comparecerá en Juicio a los efectos de explicar el contenido de ese informe y ser preguntado de cuantos aspectos no queden claros.

 6.- Testigo: Los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén la figura del testigo, que es aquella persona que tenga noticia DIRECTA de los hechos controvertidos y cuya declaración pueda aportar luz para la resolución del procedimiento.

 Toda persona llamada como testigo a un procedimiento judicial está obligada a acudir, pudiendo ser conducido por Fuerza Pública en caso de incomparecencia.

 A modo de anécdota podemos señalar que solo el Rey, la Reina y el Príncipe Heredero tienen dispensa legal para poder acudir como testigos a un procedimiento, pudiendo testificar por escrito el resto de miembros de la Familia Real, así como el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

 Asimismo, podrán declarar desde sus despachos los Diputados y Senadores, así como otros cargos públicos.

 Resulta imprescindible poner de manifiesto que todos los testigos en la Jurisdicción Civil, tengan éstos la relación que tengan con las partes, están OBLIGADOS A DECIR VERDAD, so pena de ser imputado por la comisión de un delito de falso testimonio.

 Asimismo, en la Jurisdicción Penal, están dispensados de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos.

 7.- Abogado: El abogado, previsto en el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella persona encargada del asesoramiento jurídico cualificado, así como la defensa técnica de la parte que comparezca a un procedimiento judicial, pudiendo hacerlo igualmente en procedimientos de naturaleza administrativa.

 Etimológicamente, el término “abogado” proviene del latín “advocatus”, cuyo significado es “llamado al auxilio”.

 El abogado, por su forma de ser llamado al procedimiento, puede ser de naturaleza particular, contratado directamente por el cliente, o de oficio, designado por organismo público para la defensa de los intereses de su cliente.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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quien es quien en la Justicia

 

 

Delitos contra la seguridad vial (nueva intervención radiofónica)

G. Varela Abogados.

“la semana pasada, saliendo de la discoteca, me pillaron en un control de alcoholemia y di positivo”; “circulando por una autopista prácticamente desierta, me ha fotografiado un radar a 220 km/h y quieren quitarme el carnet”; “me negué a soplar, porque no había bebido”.

Dado que en el Despacho de Madrid G. Varela Abogados, son muchas las consultas que recibimos relacionadas con los delitos contra la seguridad del tráfico, volvemos por segunda vez a la radio, para tratar de hacer comprensible el Derecho.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “El Mañanero” de Libertad FM, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

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Para facilitar la comprensión de la intervención radiofónica, exponemos los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad del tráfico.

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

rtículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Artículo 384.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

  1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

     Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Madrid o a través de los siguientes medios:

correo electrónico info@gvarelaabogados.com

página web www.gvarelaabogados.com

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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delitos seguridad vial II

“En vacaciones, a grandes problemas, grandes soluciones”

G. Varela Abogados

“la agencia de viajes ha arruinado mis vacaciones; el hotel no tenía nada que ver con el del folleto”, “al llegar al aeropuerto me encontré con que había más pasajeros que plazas en el avión y me he quedado en tierra“, “cuando he vuelto de vacaciones, me he encontrado mi casa desvalijada

En estos tiempos de crisis económica, política y social, la llegada de los meses de verano aconseja tratar de desconectar para comenzar el nuevo curso con energías renovadas.

 Casi todos, en mayor o menor medida, tratamos de romper las rutinas que nos unen a la gran ciudad, a los horarios encorsetados, a jefes pesados o compañeros inaguantables, para dar paso a momentos de tranquilidad y paz mental.

 Ya sea en la playa, en la montaña, en entornos rurales o disfrutando del extranjero, todos deseamos disfrutar de unas merecidas vacaciones.

 En condiciones normales, tanto los traslados como la estancia en el destino transcurren sin anécdotas reseñables y sin inconvenientes o sorpresas que nos amarguen esos días de vermouth, siestas interminables o visitas monumentales.

 Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que, nada más atravesar la puerta de casa, o incluso antes, quedamos gafados como viajeros y, lo que es peor, vilipendiados como consumidores.

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

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 Desde G. Varela Abogados aconsejamos a todos nuestros lectores RECLAMAR Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS.

 Veamos distintas situaciones que pueden presentarse:

 1.- “el folleto que me dejaron en el buzón tenía un precio y al llegar a la agencia de viajes pretenden cobrarme suplementos no anunciados”.

 Según lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1 /2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato”.

 ¿y qué debo hacer en este tipo de situaciones?

 Inmediatamente, solicitar una hoja de reclamaciones, en la que explicaremos la situación. Una vez  rellenada, y adjuntando copia del folleto publicitario, entregaremos la hoja de reclamaciones en la oficina de Consumo de nuestra ciudad o Comunidad Autónoma.

  2.- “Cuando ya estaba en el aeropuerto han cancelado mi vuelo y me he quedado en tierra.” “han vendido más billetes que plazas tiene el avión y me he quedado en tierra”

 La legislación europea, transpuesta e incorporada a la legislación española, viene al rescate de los turistas y viajeros españoles.

 Así, el Reglamento CE 261 /2004, siempre que el viajero tenga como origen o destino un aeropuerto de algún Estado miembro de la Unión, o la compañía aérea sea nacional de algún Estado miembro, establece, en primer lugar, la obligación de la compañía de buscar, con carácter de urgencia, transportes alternativos, si estos resultan posibles y, en todo caso, el derecho del viajero a una compensación, que incluirá la estancia en hotel si la espera incluye pernocta, así como la manutención y, en concepto de indemnización:

 – 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km.

    – 400 euros para vuelos de entre 1.500 y 3.000 km. y todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km.

    – 600 euros para vuelos de más de 3.500 km. efectuados fuera de la UE.

Asimismo, si la cancelación del vuelo o el overbooking son imputables a la compañía aérea y ello supone la pérdida total o parcial de nuestras vacaciones con reserva, G. Varela Abogados recomienda reclamar el coste de los hoteles o excursiones no disfrutados.

 3.- “He conseguido volar, pero al llegar al destino me encuentro que mi equipaje ha sido extraviado”.

 De nuevo la legislación europea viene al rescate del pobre e indefenso viajero.

 En este caso, el Reglamento CE 889 /2002 y el Reglamento CE 285 /2010, disponen que para el caso de extravío o retraso grave en la llegada del equipaje darán derecho al viajero a reclamar una cantidad en concepto de compensación de hasta 1.300,00 euros, a no ser que previamente al embarque el viajero haya declarado y asegurado algún objeto de especial valor.

 En condiciones generales, el cálculo de la indemnización se realiza tomando como base el peso del equipaje, teniendo como valor de referencia 20 euros por kilo en vuelos nacionales y 30 euros por kilo en vuelos internacionales.

 Desde G. Varela Abogados aconsejamos, en todo caso, guardar Factura de todas las compras realizadas en el lugar de destino, a los efectos de acreditar cuál pudiera ser el contenido del interior de la maleta en caso de extravío.

 4.- “He contratado, reservado y pagado un apartamento por internet y al llegar al destino no había ningún apartamento”.

 En la práctica, ello significa que hemos sido estafados y deberemos acudir inmediatamente a un Juzgado o a una Comisaría a poner una denuncia.

 En G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a extremar toda precaución antes del momento de la reserva.

 Detalles tan sencillos como que la persona o empresa que nos alquila el apartamento se acredite convenientemente o la búsqueda de opiniones en la red, pueden facilitar mucho nuestra búsqueda y conseguir que disfrutemos de unas merecidas vacaciones sin sobresaltos.

 5.- “Me he ido de crucero y nos han suspendido la mitad de las escalas”. “Mi crucero dejaba mucho que desear en cuanto a la calidad del barco”.

 Si nuestras vacaciones en el mar se han convertido en un viaje en un bajel pirata, debemos saber que la Ley nos ampara.

 En este caso, el artículo 151 del del Real Decreto Legislativo 1 /2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios nos faculta para reclamar responsabilidades a la agencia de viajes y al “mayorista” o propietario del barco de manera solidaria, con independencia de que la agencia de viajes se haya limitado a vendernos el producto, ya que el legislador entiende que la contratación directa con el consumidor se produjo a través de aquél.

 Por último, y si hemos conseguido disfrutar de unas vacaciones de ensueño, para evitar que nuestro retorno no sea una sorpresa, encontrándonos nuestra casa vacía de enseres, en G. Varela Abogados recomendamos extremar precauciones y ajustar nuestro comportamiento previo a unas normas básicas de prudencia:

 – No publicar en las redes sociales o foros ni la fecha de salida ni la duración de nuestro viaje.

 – Entregar la llave de casa a alguien de confianza para que cada dos o tres días suba las persianas y, ya de paso, riegue las plantas.

 – Poner temporizadores en las luces para que éstas se enciendan de vez en cuando.

 – Enchufar la televisión o la radio a un temporizador para que se encienda de vez en cuando.

 – Si somos afortunados y disponemos de domótica y cámaras en casa, hacer funcionar los elementos de la misma.

 En definitiva, no dar pistas a los cacos para que a nuestro regreso a casa todo se encuentre en su sitio.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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Hindu devotees travel on a crowded passenger train in Goverdhan

Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas

G. Varela Abogados

“mis vecinos del piso de arriba no me dejan dormir; cada noche hacen fiestas con música alta hasta la madrugada”, “el restaurante que hay en el bajo deja la basura en el patio y la salida de humos da a mi ventana”, “hay una serrería debajo de mi casa y el ruido es insoportable”.

¿quién no ha sufrido en alguna ocasión un vecino molesto o un comercio que emite olores o ruidos difíciles de aguantar?

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

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Las migraciones masivas del campo a la ciudad en la España de la posguerra a mediados del Siglo XX, con un siglo de retraso respecto del resto del continente europeo, supuso un cambio en la concepción de la forma de vivir.

 De las casitas bajas o las casas de campo rodeadas de hectáreas de terreno se pasó a la construcción en vertical, con grandes núcleos de población muy concentrados en altura.

 Con ello, actividades que hasta el momento se realizaban sin ningún tipo de cortapisa, empezaron a convertirse en una molestia para los vecinos colindantes e incluso un grave riesgo para la salud.

 Desde la tenencia de animales o la celebración de fiestas, hasta la instalación de un laboratorio químico o una carpintería.

 Para evitarlo, el legislador, desde 1960 a través de la Ley de Propiedad Horizontal, que como sabemos es el marco general que regula los derechos y obligaciones de los propietarios de viviendas existentes en una Comunidad de Propietarios, establece en su artículo 7.2 que

 “2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

 ¿y qué son actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas?

 El Decreto 2114 / 1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas las define de la siguiente manera:

 – MOLESTAS: serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.

 Por ejemplo, la colocación de una máquina de coser “de las antiguas” o el típico vecino que piensa que vive en la selva y pone el subwoofer a máxima potencia.

 – INSALUBRES: se calificarán como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

 Por ejemplo, la total y absoluta falta de higiene de uno de los vecinos o la acumulación descontrolada de objetos en la vivienda, lo que comúnmente se conoce como “síndrome de Diógenes”. También podría considerarse como actividad insalubre la cría de animales.

 – NOCIVAS: se aplicará la calificación de nocivas a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.

 Este tipo de actividades tiene un encarte más complicado en su aplicación a la propiedad horizontal, por lo que en la práctica se suele recurrir a los otros tres tipos en solicitud de cesación.

 – PELIGROSAS: se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes.

 Por ejemplo, la instalación en los bajos de un edificio de un laboratorio químico o la acumulación de elementos que pudieran provocar, de verterse, una reacción que produzca gases o explosiones.

 ¿y cómo hago para que mi vecino molesto deje de hacer lo que hace?

G. Varela Abogados tiene la solución.

Debemos acudir nuevamente al contenido del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando dispone que:

 El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

 Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

 Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

 Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.”

 Lo que quiere decir esto es que da igual quién sea el infractor, propietario o inquilino. En la práctica el propietario se convierte en responsable de lo que su inquilino haga.

 Por lo que… mucho cuidado en la elección de inquilinos.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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Actividades molestas